Octavio Augusto Lara Báez
Tal parece que, al igual que pasa en otros asuntos, la información sobre inseguridad tiende a manejarse de acuerdo con criterios políticos o por lo menos, poco objetivos. De acuerdo con declaraciones recientes hechas por el Coordinador regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública Francisco Javier Salgado Coronel, Córdoba se encuentra entre los 10 municipios veracruzanos considerados como de alto grado de criminalidad, por lo que le fueron asignados 9 millones de pesos de recursos del Programa Subsidio de Seguridad Pública para municipios (SUBSEMUN), que tan solo en nuestra entidad prevé una derrama de 120 millones de pesos. Xalapa y Boca del Río recibirán 30 millones cada uno del mismo programa.
Y es que aunque Córdoba puede considerarse todavía una ciudad tranquila, desde hace varios años empezó a operar aquí el narcomenudeo -delito del orden federal, por cierto- y todos sabemos que aunque la venta a los consumidores representa el eslabón final de la cadena delictiva del narcotráfico, eso no lo hace más inofensivo.
El incremento sobre todo de la violencia delictiva, asociada al narcotráfico, vivida en Veracruz éste año nos insertó de lleno en el clima de inseguridad que vive todo el territorio nacional por la lucha contra los cárteles de la droga.
De pronto nos empezamos a sentir como quienes viven en entidades como Chihuahua, Baja California o Sinaloa. Por fortuna, todavía se puede evitar que lleguemos a esos niveles de actividad criminal, y para ello es básico que continúen las acciones coordinadas entre estado y federación para evitar que la delincuencia organizada se continúe expandiendo en suelo veracruzano.
Aparentemente los recursos del SUBSEMUN buscan reforzar a la policía preventiva y controlar los niveles de criminalidad existentes en la zona conurbada de Córdoba para anticiparse a un problema mayor.
Pero lo que ocurre es que los criterios oficiales para asignar a una ciudad o un estado una calificación de “altamente inseguro” no parecen aún estar sustentados en datos suficientes y fidedignos, lo cual puede estar dispersando los esfuerzos y también los recursos.
Arturo Arango Durán y Cristina Lara Medina, investigadores del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C., han hecho públicos en su sitio de internet www.seguridadpublicaenmexico.org.mx, diversos estudios sobre las deficiencias que presenta la información estadística oficial sobre seguridad pública en México.
En un artículo titulado “Información confiable: Los problemas de la información estadística”, Arango Durán afirma que no existe en nuestro país un sistema que de total certeza a las estadísticas de seguridad pública y que permita la toma de decisiones adecuada y oportuna.
Apunta que el propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), lo admite al hacer una distinción en las cifras sobre delincuencia en el Cuaderno número 10 de Estadísticas Judiciales en Materia Penal, publicado en internet: “En México se generan distintas cifras estadísticas sobre el panorama sociodemográfico de la delincuencia. Estas cifras se identifican como: real, oculta, oficial, aparente y legal”.
“La cifra real de la delincuencia se refiere al conjunto de todos los hechos constitutivos de delitos realizados. Una parte de éstos hechos no se hacen del conocimiento de las autoridades a quienes corresponde su investigación y sanción, conformando así la llamada cifra oculta de la delincuencia”.
“Los hechos que se denuncian ante la autoridad correspondiente, son identificados como la cifra oficial. La cifra aparente la componen las personas y sus delitos registrados en averiguaciones previas del Ministerio Público. La cifra legal comprende a los presuntos delincuentes, a los delincuentes sentenciados y sus delitos registrados en procesos y sentencias dictadas en juicios en materia penal.”
El investigador agrega que los datos que se conocen provienen casi exclusivamente de dos fuentes: la cifra aparente, que proporcionan los Ministerios Públicos estatales, las Procuradurías estatales y la Procuraduría General de la República, así como la cifra legal, que es la que se deriva de los juzgados de primera instancia del fuero común y federal, donde se presenta a los presuntos delincuentes registrados y a los delincuentes sentenciados.
De otras instituciones de prevención, como las policías preventivas, federales, estatales y municipales, de tránsito y vialidad, de menores infractores y de readaptación social se sabe muy poco. Aunado a eso está la ausencia de una cultura de la denuncia, que dificulta mucho obtener números precisos sobre inseguridad.
Hay que decir también que el gobierno en sus tres niveles lleva a cabo acciones de combate a las conductas delictivas, aunque las mismas, al carecer de datos precisos, muchas veces tienen resultados con diversos grados de eficacia.
De acuerdo con las autoridades policíacas, los recursos del SUBSEMUN son asignados más que bajo criterios de incidencia delictiva, por criterios demográficos, por lo que las ciudades medias, cabeceras de región y zonas conurbadas son normalmente las destinatarias de esos recursos federales.
En el caso de Córdoba, al tener más de 300 elementos policíacos en su corporación, le correspondieron recursos de ese subsidio para seguridad pública y se asegura que por esa razón, municipios conurbados como Amatlán o Fortín, con menor número de efectivos de seguridad no son beneficiados con ese programa, aunque pudieran presentar mayores índices de delitos como el homicidio. Lo mismo pasa en otras regiones del estado.
Otra información que muchos desconocen es la llamada “renivelación” salarial, que recientemente fue aplicada a la policía municipal de Córdoba y que es considerada como un estímulo al desempeño de dicha corporación de seguridad. Conforme a datos de la Inspección general, el elemento que menos gana vio aumentado su ingreso con quinientos pesos quincenales y para los oficiales de más rango el incremento puede llegar hasta los tres o cuatro mil pesos mensuales.
Lo que importa es que las autoridades locales puedan disponer ahora de más recursos para reforzar la Seguridad Pública. Es innegable que se requiere trabajar mucho en el aspecto de prevención de los delitos, competencia directa de los gobiernos municipales y que debe pensarse en un plano mucho más amplio que el equipamiento vehicular, de armamento y sistemas de video vigilancia, que son de gran ayuda pero no lo son todo en seguridad.
Es preciso intensificar las labores preventivas entre la sociedad, particularmente en el seno familiar y también a nivel de colonias o comunidades, pues no hay que olvidar que los delincuentes surgen de la misma colectividad y sus familias. La información adecuada, suficiente y oportuna puede contribuir a abatir los índices delictivos, al tiempo que se fortalecen estrategias de desarrollo social que ayuden a equilibrar la brecha cada vez más grande entre una minoría de ciudadanos con posibilidades económicas y una mayoría que subsisten en condiciones de pobreza, circunstancia que, sin duda, favorece la agudización del fenómeno delincuencial. Las familias tienen hoy más que nunca la responsabilidad de fomentar entre sus miembros los valores que contribuyan al respeto de la ley y la convivencia social civilizada.
Como se ve, hay mucho trabajo por delante, la preservación de la tranquilidad de esta ciudad en que vivimos con nuestros hijos, al igual que ocurre ahora en cualquier otra ciudad o comunidad del país, requiere a autoridades y ciudadanos actuar de inmediato y de manera coordinada.
Tal parece que, al igual que pasa en otros asuntos, la información sobre inseguridad tiende a manejarse de acuerdo con criterios políticos o por lo menos, poco objetivos. De acuerdo con declaraciones recientes hechas por el Coordinador regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública Francisco Javier Salgado Coronel, Córdoba se encuentra entre los 10 municipios veracruzanos considerados como de alto grado de criminalidad, por lo que le fueron asignados 9 millones de pesos de recursos del Programa Subsidio de Seguridad Pública para municipios (SUBSEMUN), que tan solo en nuestra entidad prevé una derrama de 120 millones de pesos. Xalapa y Boca del Río recibirán 30 millones cada uno del mismo programa.
Y es que aunque Córdoba puede considerarse todavía una ciudad tranquila, desde hace varios años empezó a operar aquí el narcomenudeo -delito del orden federal, por cierto- y todos sabemos que aunque la venta a los consumidores representa el eslabón final de la cadena delictiva del narcotráfico, eso no lo hace más inofensivo.
El incremento sobre todo de la violencia delictiva, asociada al narcotráfico, vivida en Veracruz éste año nos insertó de lleno en el clima de inseguridad que vive todo el territorio nacional por la lucha contra los cárteles de la droga.
De pronto nos empezamos a sentir como quienes viven en entidades como Chihuahua, Baja California o Sinaloa. Por fortuna, todavía se puede evitar que lleguemos a esos niveles de actividad criminal, y para ello es básico que continúen las acciones coordinadas entre estado y federación para evitar que la delincuencia organizada se continúe expandiendo en suelo veracruzano.
Aparentemente los recursos del SUBSEMUN buscan reforzar a la policía preventiva y controlar los niveles de criminalidad existentes en la zona conurbada de Córdoba para anticiparse a un problema mayor.
Pero lo que ocurre es que los criterios oficiales para asignar a una ciudad o un estado una calificación de “altamente inseguro” no parecen aún estar sustentados en datos suficientes y fidedignos, lo cual puede estar dispersando los esfuerzos y también los recursos.
Arturo Arango Durán y Cristina Lara Medina, investigadores del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C., han hecho públicos en su sitio de internet www.seguridadpublicaenmexico.org.mx, diversos estudios sobre las deficiencias que presenta la información estadística oficial sobre seguridad pública en México.
En un artículo titulado “Información confiable: Los problemas de la información estadística”, Arango Durán afirma que no existe en nuestro país un sistema que de total certeza a las estadísticas de seguridad pública y que permita la toma de decisiones adecuada y oportuna.
Apunta que el propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), lo admite al hacer una distinción en las cifras sobre delincuencia en el Cuaderno número 10 de Estadísticas Judiciales en Materia Penal, publicado en internet: “En México se generan distintas cifras estadísticas sobre el panorama sociodemográfico de la delincuencia. Estas cifras se identifican como: real, oculta, oficial, aparente y legal”.
“La cifra real de la delincuencia se refiere al conjunto de todos los hechos constitutivos de delitos realizados. Una parte de éstos hechos no se hacen del conocimiento de las autoridades a quienes corresponde su investigación y sanción, conformando así la llamada cifra oculta de la delincuencia”.
“Los hechos que se denuncian ante la autoridad correspondiente, son identificados como la cifra oficial. La cifra aparente la componen las personas y sus delitos registrados en averiguaciones previas del Ministerio Público. La cifra legal comprende a los presuntos delincuentes, a los delincuentes sentenciados y sus delitos registrados en procesos y sentencias dictadas en juicios en materia penal.”
El investigador agrega que los datos que se conocen provienen casi exclusivamente de dos fuentes: la cifra aparente, que proporcionan los Ministerios Públicos estatales, las Procuradurías estatales y la Procuraduría General de la República, así como la cifra legal, que es la que se deriva de los juzgados de primera instancia del fuero común y federal, donde se presenta a los presuntos delincuentes registrados y a los delincuentes sentenciados.
De otras instituciones de prevención, como las policías preventivas, federales, estatales y municipales, de tránsito y vialidad, de menores infractores y de readaptación social se sabe muy poco. Aunado a eso está la ausencia de una cultura de la denuncia, que dificulta mucho obtener números precisos sobre inseguridad.
Hay que decir también que el gobierno en sus tres niveles lleva a cabo acciones de combate a las conductas delictivas, aunque las mismas, al carecer de datos precisos, muchas veces tienen resultados con diversos grados de eficacia.
De acuerdo con las autoridades policíacas, los recursos del SUBSEMUN son asignados más que bajo criterios de incidencia delictiva, por criterios demográficos, por lo que las ciudades medias, cabeceras de región y zonas conurbadas son normalmente las destinatarias de esos recursos federales.
En el caso de Córdoba, al tener más de 300 elementos policíacos en su corporación, le correspondieron recursos de ese subsidio para seguridad pública y se asegura que por esa razón, municipios conurbados como Amatlán o Fortín, con menor número de efectivos de seguridad no son beneficiados con ese programa, aunque pudieran presentar mayores índices de delitos como el homicidio. Lo mismo pasa en otras regiones del estado.
Otra información que muchos desconocen es la llamada “renivelación” salarial, que recientemente fue aplicada a la policía municipal de Córdoba y que es considerada como un estímulo al desempeño de dicha corporación de seguridad. Conforme a datos de la Inspección general, el elemento que menos gana vio aumentado su ingreso con quinientos pesos quincenales y para los oficiales de más rango el incremento puede llegar hasta los tres o cuatro mil pesos mensuales.
Lo que importa es que las autoridades locales puedan disponer ahora de más recursos para reforzar la Seguridad Pública. Es innegable que se requiere trabajar mucho en el aspecto de prevención de los delitos, competencia directa de los gobiernos municipales y que debe pensarse en un plano mucho más amplio que el equipamiento vehicular, de armamento y sistemas de video vigilancia, que son de gran ayuda pero no lo son todo en seguridad.
Es preciso intensificar las labores preventivas entre la sociedad, particularmente en el seno familiar y también a nivel de colonias o comunidades, pues no hay que olvidar que los delincuentes surgen de la misma colectividad y sus familias. La información adecuada, suficiente y oportuna puede contribuir a abatir los índices delictivos, al tiempo que se fortalecen estrategias de desarrollo social que ayuden a equilibrar la brecha cada vez más grande entre una minoría de ciudadanos con posibilidades económicas y una mayoría que subsisten en condiciones de pobreza, circunstancia que, sin duda, favorece la agudización del fenómeno delincuencial. Las familias tienen hoy más que nunca la responsabilidad de fomentar entre sus miembros los valores que contribuyan al respeto de la ley y la convivencia social civilizada.
Como se ve, hay mucho trabajo por delante, la preservación de la tranquilidad de esta ciudad en que vivimos con nuestros hijos, al igual que ocurre ahora en cualquier otra ciudad o comunidad del país, requiere a autoridades y ciudadanos actuar de inmediato y de manera coordinada.
Conviene señalar en este momento, que la información estadística que se registra oficialmente sólo tiene que ver con la cifra aparente (procuración) y con la cifra legal (administración de justicia). Y que, además existe una gran diferencia entre la cifra oficial y los delitos que se cometen; es decir que el tamaño de la cifra negra es muy amplio.
Esta batalla se ganará con información, con inteligencia, con tecnología y uniendo esfuerzos para mejorar nuestras herramientas y capacidades de cooperación.
Esta batalla se ganará con información, con inteligencia, con tecnología y uniendo esfuerzos para mejorar nuestras herramientas y capacidades de cooperación.
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