Propone Daniela Nadal reformas a Ley de Personas con Discapacidad

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México, DF

Por primera vez la diputada veracruzana Daniela Nadal, subió a la tribuna del pleno legislativo federal con una iniciativa de reformas a la Ley General de las Personas con Discapacidad que pongan fin a la discriminación que por años ha mantenido relegados y marginados a las personas con discapacidad, cuya situación se ha agravado en la última década, debido al desinterés del gobierno de la República.
En representación del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Daniela Nadal Riquelme, propuso una profunda reforma social, que beneficiará a más de 10 millones de personas con discapacidad y sus familias.
La diputada Daniela Nadal Riquelme dijo, que el documento modifica casi en su totalidad la Ley General de Personas con Discapacidad y argumentó que a la mitad del sexenio del presidente Felipe Calderón, no existe de forma oficial, un diagnóstico nacional que permita conocer la realidad de los mexicanos con discapacidad.
No obstante, con la poca información disponible se sabe que, cada año, se producen en México 265 mil nuevos casos de discapacidad, de acuerdo con el programa nacional 2000-2006, elaborado por la secretaría de Salud.
Además, prosiguió, “94 por ciento de la población con discapacidad es discriminada por su condición; 53 por ciento son discriminados en su trabajo y 33 por ciento ha sufrido actos de discriminación, de acuerdo con la primera encuesta nacional elaborada por la CONAPRED y la SEDESOL, en el 2005”.
En cuanto al presupuesto de los programas federales vigentes, éste ha sufrido reducciones inexplicables e incluso, el rediseño de las reglas de operación, limitando con ello la atención que se ofrece en las entidades federativas, además de limitar el mandato del Legislativo, para que la comisión respectiva tenga opinión.
Por todo ello, externó, la urgente de fortalecer una instancia nacional que coordine las políticas para este sector, en los tres niveles de gobierno y que cuente con el suficiente nivel político, administrativo y de coordinación colegiada, a la que pueda exigírsele responsabilidades.
Lo anterior, implica transformar el actual Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que sea responsable de cumplir con la Convención antes citada y la ley marco, para definir una política de Estado, desarrollar un programa nacional, coordinar políticas transversales y promover los presupuestos necesarios para atender a las personas con discapacidad.